Encontramos en Médicos y Pacientes una entrevista con el fiscal de delitos informáticos de la Audiencia Provincial de Badajoz, Julio López Ordiales. El experto recuerda que “acceder a cualquier base de datos personales de salud, sin autorización de los titulares, representa un atentado contra la intimidad de las personas afectadas y conlleva genéricamente una condena de entre 2 años y 6 meses y 4 años de prisión, además de multa de 12 a 24 meses”.